El anuncio del cierre de RTVV por
el Presidente del Consell, el Muy Honorable Alberto Fabra, ha provocado el
rechazo de la totalidad de los partidos políticos y de la mayoría de la
sociedad valenciana. Los argumentos que ha puesto encima de la mesa el Consell
para justificar el cierre, se caen por su propio peso; no han dado cifras
concretas del coste del cierre frente al mantenimiento del servicio, no se ha
calculado el coste económico y laboral indirecto que supondrá el acabar con
toda la actividad que se movía alrededor de la televisión y la radio públicas
valencianas; no se ha especificado el coste social que provocará el carecer de
un servicio de apoyo a la lengua y cultura valenciana. Estas, y otras muchas
variables que inciden muy negativamente en las consecuencias de la decisión
tomada, podrían hacer pensar que la misma, se ha tomado sin una reflexión
adecuada, y ha sido más bien una reacción enrabietada ante una sentencia del
TSJCV que, sin ser esperada, no era deseada.
Pero el mundo de la política es
mucho más. Es ante todo un juego de intereses económicos por importantes grupos
de presión. Pero también es un modo de vida para los integrantes de esta
cuadrilla de privilegiados, que buscan, ante todo y por encima de todo, su
bienestar y la pervivencia de sus privilegios. Todas estas reflexiones me
animan a pensar que tal vez la medida anunciada, esconda en el fondo toda una
serie de razones interesadas, que vayan mucho más allá de la simple
consideración de una decisión tomada “en caliente”.Expongamos las diferentes
posibilidades:
-
Un cambio en la posición negociadora de fuerza:
Suponiendo que en el fondo se quisiera una pervivencia de la RTVV pública, la sentencia
del TSJCV anulando el ERE supondría una nueva negociación tanto con los
partidos políticos de la oposición, para pactar una nueva radio y televisión,
públicas y viables, como con el comité de empresa, para acordar con ellos una
solución laboral a largo plazo. En esta situación, el Consell partiría con una
situación negociadora débil, debido a la sentencia tan abrumadoramente
negativa. Una forma de cambiar la posición negociadora sería el anuncio del
cierre, y mantenerse en el mismo; en esta tesitura, cambia la situación en la
negociación, ya que tanto los partidos de la oposición, como el comité de
empresa, deberán de emplear todos sus esfuerzos en evitar la desaparición del
servicio de radiotelevisión, a costa de renunciar a importantes reivindicaciones,
tanto en materia de número de trabajadores de la nueva RTVV, como de requisitos
de exclusión e incluso, de estructura final del servicio. Digamos que, en este
caso, cualquier acuerdo alcanzado para salvar RTVV, en el entorno actual, se
daría casi por bueno. En el momento que se asume por todos los interlocutores
la imposibilidad de seguir con este servicio, con la estructura actual, y se
implora el diálogo para acordar un servicio sostenible, se está asumiendo que
muchísimos trabajadores del antiguo ente deberán de abandonar sus puestos de
trabajo, y por lo tanto, la situación de fuerza negociadora se cambia respecto
a la inicialmente existente.
-
Intereses políticos personales. Alberto Fabra no accedió
a la presidencia de la
Generalitat encabezando una candidatura elegida por el
pueblo; fue designado por el PP nacional, para solventar el problema planteado
por la dimisión de Camps. Se ha dicho por muchos observadores, que Alberto
Fabra no tiene el completo apoyo del aparato de su partido; tiene muchas
facciones en contra. Una forma de adquirir liderazgo, ya no de cara a su
partido a nivel de Comunidad Valenciana, sino a nivel nacional, es tomar una
decisión política muy demandada por el aparato del partido estatal, que va en
consonancia con la política recentralizadota y anti-autonomista, y que va a
estar muy bien vista por los medios de comunicación afines, con importantes
intereses ideológicos y económicos. En otras palabras, Fabra ha pasado de ser
un político desconocido de provincias a ser el primer político que tiene la
suficiente valentía de cerrar una televisión autonómica; televisiones que son,
para todos los medios nacionales conservadores, la mejor muestra del
despilfarro que supone el actual sistema autonómico. Alberto Fabra pasaría, con
esta decisión, a ser la referencia y modelo nacional del político neoliberal y
re-centralizador.
-
Intereses económicos de grandes grupos de comunicación.
Sabido es la campaña de acoso y derribo a todo lo que suene a público, de los
grandes grupos económicos. Tanto en sanidad, como en educación y en otras áreas
de los servicios públicos, se nos están vendiendo las bondades de la gestión
privada, como las ineficacias y el despilfarro de la gestión pública de los
mismos. El área de los medios de comunicación no es ajena a esta tendencia. Los
grandes grupos de comunicación ya consiguieron la eliminación de la publicidad en
RTVE, acaparando la inversión destinada a la radio y a la televisión públicas.
Una vez conseguido este botín, su estrategia continúa, siendo en este caso su
objetivo las radios y televisiones autonómicas. Conseguir su cierre o
privatización supondrá llevarse los millones de euros que obtienen estas en
inversión publicitaria. Como alternativa a su cierre, ofrecerán los medios
privados prestar este servicio público, a cambio de jugosos cánones, y
asegurando una línea editorial afín, con independencia del resultado de las
elecciones políticas de cada región.
Personalmente, en base a mis
observaciones personales, creo que las dos últimas razones son las que han
incidido directamente en la decisión de Alberto Fabra de anunciar el cierre de
RTVV. Personalmente se sitúa como un gran político neoliberal, pionero en la
toma de decisiones recentralizadotas, y contando con todo el apoyo tanto del
aparato de su partido, a nivel estatal, como de los medios de comunicación que
lo apoyan. Pero es que el segundo motivo, el económico, es el que ha primado en
esta decisión. Empiezan ha aparecer en prensa informaciones que indican que el
grupo Unidad Editorial (El Mundo, Pedro J. Ramírez), está detrás de esta decisión.
Es intrigante que fuera Pedro J. una de las personas a las que Alberto Fabra consultara
la mediada a tomar, y fuera el primer medio que la anunciara (antes incluso que
el propio Consell). Pero más intrigante es el hecho de que Unidad Editorial esté
en estos momentos, montando una estructura para poder gestionar una televisión.
Me han llegado noticias al respecto, y espero, en el momento que tenga
confirmación de las mismas, ampliar la información al respecto. La jugada será
redonda. El Consell adjudicará la gestión de la televisión autonómica a Unidad
Editorial por ejemplo; por el hecho de que emitan una programación de ¿servicio
público? y una parte de la misma en valenciano, les adjudicarán una subvención
de 40-50-60 millones de euros, con la escusa de que cubrirán el servicio público
de la antigua RTVV. Este grupo encomendará la parrilla de programación a alguna
productora nacional (¿Vertice 360?). El canon pagado por el Consell, más los
ingresos de la comercialización publicitaria, revertirán en pingües beneficios
para el grupo privado adjudicatario. El partido Popular se asegurará tener un
medio afín, con independencia de los resultados electorales, que podrían hacer
cambiar la tendencia editorial de una televisión regional pública. Una jugada
perfecta.
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